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¿Seguridad o privacidad? Los eurodiputados discuten el acuerdo para ceder a EE.UU datos de pasajeros aéreos

PE-DERECHOS CIVILES | 17 de abril de 2012

¿Seguridad o privacidad? Los eurodiputados discuten el acuerdo para ceder a EE.UU datos de pasajeros aéreos
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Fotografía exterior de la cola de un Boeing 787 Dreamliner. EFE/Archivo

Madrid, 17 abr (Euroefe).- ¿Aprobarán los eurodiputados el polémico acuerdo antiterrorista alcanzado con Estados Unidos sobre la transmisión de datos de pasajeros aéreos? La comisión de Libertades Civiles dio el visto bueno a la medida pero pese a ello los partidos siguen divididos y aún tienen dudas sobre si su puesta en marcha afectará a los derechos civiles de los ciudadanos.

Los eurodiputados se pronuncian al respecto en el pleno que se celebra esta semana en Estrasburgo. La Comisión Europea ya ha apoyado el denominado "Passenger Name Record" (PNR), un acuerdo que para entrar en funcionamiento debe obtener el voto positivo del Consejo de la UE y del PE.

Este acuerdo, el Passenger Name Record (PNR), está en vigor en su versión anterior desde 2007 y ahora ha sido renegociado por Bruselas y Washington.

Las aerolíneas que vuelan con origen, destino o escala en Estados Unidos deben transmitir todos los datos sobre el pasaje, desde el nombre a los datos de la tarjeta de crédito e, incluso, detalles como el menú por el que han optado, una información que el PE siempre ha considerado "sensible" por dar pistas sobre la religión del pasajero.

El nuevo acuerdo negociado por Bruselas y Washington incluye garantías para convertir en "anónimos" los datos transmitidos y evitar que se den a conocer datos considerados "sensibles".

Aunque la ponente del informe recomendaba el voto negativo al acuerdo, la Comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles del Parlamento Europeo lo aprobó el mes pasado por 31 votos a favor, 22 en contra y una abstención. Los eurodiputados rechazaron así las recomendaciones de la liberal holandesa Sophie In't Veld, quien consideraba "desproporcionado" el acuerdo por el que los ciudadanos europeos acaban remitiendo a través de las aerolíneas sus datos privados al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, había pedido previamente a los eurodiputados un sí al acuerdo porque, según dijo, “es mejor que el anterior y porque no hay alternativa".

La información que las aerolíneas europeas remiten a EEUU en virtud de este convenio va desde el número de asiento, hasta el itinerario, el modo de pago del billete o información sobre el equipaje. No se podrá transmitir información "sensible", como la orientación sexual o la religión (a través, por ejemplo, de la opción de menú a bordo).

Respecto al anterior convenio PNR, que data de 2007, el nuevo texto da mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, porque restringe la posibilidad de extraer información de un pasajero si no es en casos determinados y concretos relacionados con una investigación abierta por un crimen transfronterizo o terrorismo, según dijo en noviembre la propia Malmstrom. Además, de la información transferida deben borrarse seis meses después los nombres de los pasajeros, de forma que los datos retenidos permanezcan anónimos salvo que haya una petición judicial.

El texto también prevé la persecución de la revelación de esos datos cuando se haya hecho sin autorización y los europeos tendrán derecho a denunciar abusos o correctivos a la justicia.

El debate sobre este asunto está previsto para el jueves. Las voces más críticas temen que su puesta en marcha afecte a los derechos civiles de los ciudadanos y pese a que la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara recomienda su aprobación, los grupos políticos siguen divididos.

En una información recogida por la página web del Parlamento Europeo, el británico Timothy Kirkhope, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos defiende el acuerdo y asegura que los datos del registro de Reino Unido se utilizaron para investigar los atentados de julio de 2005 en Londres y para detener a los terroristas de Bombay. “No creo que EE.UU. quiera guardar esta información para promover una conspiración orwelliana, sino para garantizar la seguridad frente al terrorismo y la delincuencia”, defiende.

En cambio, Sophie in 't Veld, liberal de los Países Bajos, asegura que el acuerdo no respeta la legislación comunitaria y denuncia que el uso de los datos del registro no se limita a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia transnacional sino que se pueden utilizar, dice, “para asuntos imprecisos e inespecíficos, como inmigración y los controles fronterizos”.

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