Pasajeros observan las pantallas con los horarios de los vuelos. EFE/Archivo
Estrasburgo (Francia), 22 may (EFE).- La UE desarrolla una política activa para garantizar los mismos derechos de los consumidores europeos en cualquier Estado miembro. Por ello, además de establecer las diversas Directivas, Reglamentos y Recomendaciones, ha creado una red de Centros Europeos del Consumidor, para que asista a los consumidores en cualquier lugar de Europa, también a los más vulnerables.
Con estos consumidores en mente, que son los más propensos a los abusos, el pleno del Parlamento Europeo ha dado hoy luz verde a un informe que busca reforzar la protección.
"Todos los consumidores son susceptibles de ser vulnerables en algún momento de su vida", explica en su informe la eurodiputada del PSOE María Irigoyen. Se necesita más consistencia sobre esta problemática y la Comisión Europea y los Estados miembros deben desarrollar una política que "siga de cerca los hábitos de los ciudadanos y los cambios sociales en los comportamientos de consumo que pueden poner a ciertos grupos o individuos en situación vulnerable", de forma que se puedan prevenir y detener estos abusos con medidas específicas.
El informe especifica que los sectores más problemáticos son el financiero, el de la alimentación, transporte e Internet.
En el caso del sector financiero, María Irigoyen pide que se mejore la información y la idoneidad del producto, sobre todo en el caso de los dirigidos a personas mayores. Siete de cada diez instituciones financieras y sitios web de empresas no ofrecen toda la información sobre sus productos, y los costos para el cliente se presentan, a menudo, en forma engaños. Por este motivo es necesaria una información clara y sencilla sobre los productos y servicios.
En el caso del sector alimenticio, se subraya que los niños y los jóvenes son más sensibles a la publicidad de productos con alto contenido en grasas, sal y azúcar. El informe exige a la Comisión Europea que analice y proponga normas más estrictas sobre la publicidad de este tipo.
Entre los sectores más vulnerables se encuentran el transporte e Internet. A pesar de las normas vigentes, con bastante frecuencia los viajeros sufren situaciones de vulnerabilidad en sus viajes, especialmente en los casos de retraso o cancelación, situación que se agrava si se trata de personas con discapacidad.
Otro de los abusos más frecuentes en el sector de los transportes es el de las cláusulas abusivas en compañías de bajo coste, es decir, tarifas poco transparentes que llevan a algunos consumidores a pagar hasta tres veces el precio inicial indicado por el billete. Por eso se pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta a los viajeros vulnerables cuando se revise la legislación de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros, y que garantice mayor información y el acceso a las reclamaciones.
En lo que se refiere a Internet, las redes sociales representan un riesgo por la publicidad dirigida a menores. Según el documento de Irigoyen, la CE debe analizar el impacto de la publicidad engañosa y agresiva que está dirigida a estos consumidores.
La liberalización de los principales mercados dio lugar a una dificultad añadida para determinar las tarifas que mejor se adecuan a las necesidades de los consumidores. La Comisión Europea, los Estados miembros y las empresas deben asegurar el acceso a una información clara y comprensible que permita comparar las tarifas y condiciones de productos.
Según una encuesta de la Comisión Europea de la que se hace eco el texto, el 70 % de las páginas web de empresas de este sector "presentaba irregularidades fundamentales en la publicidad y la información básica exigida e indicaba el coste de los productos de manera engañosa".
Este tema no es algo nuevo. Con motivo del Día de Europa, el pasado 9 de mayo, la CE pidió a los europeos que ayuden a diseñar una nueva estrategia ciudadana para que sea más fácil para todos ejercer los derechos en cualquier país en que se encuentren. Mediante un cuestionario electrónico en la página de la Comisión Europea, se pretende reunir la opinión de los ciudadanos para presentar en 2013 una propuesta de mejora de los derechos de los consumidores de los Estados Miembro.
Con información del PE
