El ponente del PE pide resolver temas pendientes en el tratado antipiratería

Bruselas, 28 feb (EFE).- El ponente del informe del Parlamento Europeo sobre el acuerdo internacional contra las falsificaciones, ACTA, el socialista británico David Martin, aseguró hoy que hay muchas cuestiones sin resolver sobre cómo afectaría el tratado a las libertades fundamentales y al uso abierto de internet.

"Hay muchas preguntas sin resolver no sobre el contenido (del acuerdo) sino sobre su aplicación", resumió en una rueda de prensa el eurodiputado, encargado de redactar la opinión de la Eurocámara sobre el tratado, fundamental para que pueda entrar en vigor.

Martin admitió que el texto no incluye ninguna "norma de tres avisos" por parte de una autoridad de supervisión, tras los cuales se plantee el corte del acceso a internet de un usuario que descargue contenidos infringiendo los derechos de autor.

En cambio, advirtió de que el documento "impone claramente obligaciones a los proveedores de internet, y no está claro cómo las van a implementar", y añadió que "tampoco está claro" cómo se van a gestionar los derechos de propiedad intelectual a través de las fronteras.

Por todo ello, celebró que la Comisión Europea haya decidido someter el acuerdo a la supervisión del Tribunal de Justicia de la UE, la máxima instancia judicial comunitaria, para que verifique si está totalmente en línea con el Derecho de la Unión.

Martin afirmó además que el Parlamento Europeo pretende hacer una consulta por separado a esta corte, para satisfacer igualmente sus preguntas sobre ACTA sin tener que pactar un texto con la Comisión.

El eurodiputado conservador sueco Cristofer Fjellner, que también participa en el informe parlamentario, indicó por su parte que aproximadamente "el 50 % de las preocupaciones sobre ACTA son relevantes", por lo que "tenemos que ir al fondo de la cuestión".

Abogó asimismo por que otras comisiones parlamentarias, como la de Desarrollo o la de Libertades Civiles, se pronuncien sobre el acuerdo.

"Diga lo que diga el tribunal, necesitaremos un debate político sobre si queremos la sustancia o no" del acuerdo, dijo, y confirmó que el proceso de ratificación parlamentaria del texto está "congelado" hasta que la corte emita su veredicto.

Martin confió en que el tribunal europeo tramite el caso como prioritario, y que pueda comunicar su opinión dentro de un año.

Mientras, señaló que su intención es presentar un informe intermedio justo antes o después del parón estival en el Parlamento, en julio o septiembre, a través del cual pedirán a la Comisión Europea "no los detalles del acuerdo, porque los conocemos", sino las "directrices" de aplicación del mismo.

"Queremos saber cuáles son las instrucciones que se darán a los proveedores de internet", inquirió, e insistió en que no se puede "criminalizar a individuos" por sus descargas de internet.

De forma paralela, una petición contra ACTA, firmada por cerca de 2,5 millones de personas, fue entregada hoy a la presidenta de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Erminia Mazzoni.

ACTA ha sido negociado por 37 países para reforzar la protección de la propiedad intelectual en diversos sectores, que van de la moda a la industria, con la novedad de que incluye, por primera vez en este tipo de pactos internacionales, un capítulo exclusivamente dedicado al medio digital.