Enrique Guerrero, eurodiputado socialista
Por Enrique Guerrero Salom
Entramos ya en el cuarto año de la crisis más compleja y profunda de las padecidas desde Los años 30. Desencadenada en el ámbito financiero, y localizada en los USA, sus efectos, aunque con distinta intensidad, se han extendido por todo el mundo. A día de hoy no se ve con claridad el fin de la crisis; por el contrario, se teme la reincidencia en una nueva fase recesiva. Pero ya podemos afirmar que una causa decisiva de su persistencia reside en los errores del diseño y el funcionamiento institucional, en especial por lo toca a la Unión Europea.
Desde el inicio de la crisis se ha debatido sobre si su origen reside en fallos del mercado o en fallos de la política. Quienes sostienen lo primero, quieren ocultar la evidencia de que los mercados han fallado porque no son capaces de autorregularse, y han colapsado porque ha faltado la política que debía regularlos. Aunque no puedan borrar que el sistema financiero, núcleo y catalizador de la crisis, ha tenido que ser salvado por la intervención pública, siguen en sus trece porque quieren evitar que la política recupere su función en la ordenación económica de la vida colectiva.
Pero no habrá estabilidad, sino desorden, en la economía global sin instituciones que rijan la globalización. Y sin un correcto funcionamiento institucional no podrá seguir adelante el proyecto europeo. Lo que estamos comprobando las últimas semanas no son tanto las dificultades fiscales o crediticias de Grecia, Irlanda, Portugal, eventualmente Italia, España o Bélgica, o quizás después el conjunto del área euro. Lo que realmente explica esas dificultades es la incapacidad de la Unión para gobernarse como tal. En una economía global, en la que hay que dar respuestas muchas veces al día, no puede ser eficaz el galimatías institucional europeo. No puede ser eficaz que las decisiones críticas requieran siempre la convocatoria urgente y extraordinaria de los líderes, la unanimidad de los afectados (con intereses habitualmente contrapuestos), ni que, una vez “consensuada”, la decisión, crítica y urgente, tenga que seguir un inacabable itinerario de ratificación interna en cada uno de los países implicados, inmersos periódicamente en procesos electorales en los que los asuntos estratégicos europeos de medio y largo plazo se someten a meras trifulcas nacionales coyunturales. Con ese procedimiento, ninguna decisión es segura, ninguna se aplica con rapidez, y todas proyectan incertidumbre y, por tanto, inestabilidad. La premisa de que toda economía necesita de una política común, aplicada por un gobierno eficaz, falla entre nosotros desde su propia base. ¿Alguien imagina que cada decisión sobre el dólar tuviera que ser consensuada por los 50 Estados de la Unión, ratificada en las Cámaras Legislativas de cada uno, y que la decisión no fuera eficaz hasta que todos cumplieran el requisito, sin que ninguno lo rechazara? Pues, grosso modo, ese es nuestro esquema institucional, y mientras no demos un paso decisivo hacia adelante, seremos prisioneros del mismo y sufriremos sus efectos negativos.
